Gobierno expropia más de 14 hectáreas para regularizar terrenos ocupados por asentamientos humanos
El Gobierno Federal decretó la expropiación de 14 hectáreas y 356 metros cuadrados de tierras de uso común para avanzar en la regularización de dos zonas identificadas como asentamientos humanos.
El decreto fue publicado este 25 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que la superficie será transferida al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
¿Qué pasará con los terrenos?
El INSUS podrá vender a los habitantes los solares que actualmente ocupan, con el objetivo de regularizar la tenencia de la tierra y entregar los títulos de propiedad correspondientes.
Asimismo, el instituto podrá poner a la venta los lotes que se encuentren desocupados para quienes soliciten uno y realizar las donaciones necesarias para habilitar áreas destinadas a infraestructura, equipamiento y servicios urbanos o municipales.
El decreto no contempla la construcción de nuevas viviendas ni establece cuántas familias recibirán escrituras. Su objetivo es avanzar en la certeza jurídica de las personas que actualmente ocupan los terrenos considerados asentamientos irregulares.
Ejido recibirá más de 1.6 millones de pesos
Como parte de la expropiación, se estableció una indemnización para el ejido por 1 millón 602 mil 818 pesos con 64 centavos, de acuerdo con el avalúo federal.
El INSUS deberá acreditar que realizó el pago o cubrir el monto con cargo a su presupuesto antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejecute la expropiación y se concrete la ocupación definitiva de la superficie.
Un proceso que comenzó hace más de una década
La regularización de estos terrenos tiene antecedentes desde hace más de 10 años. La asamblea ejidal otorgó su anuencia para iniciar el proceso en 2015, decisión que fue ratificada en 2017.
Posteriormente, en 2018, el organismo encargado del procedimiento solicitó formalmente la expropiación. Los trabajos de medición realizados en años posteriores permitieron establecer la superficie definitiva contemplada en el decreto.
La disposición entró en vigor este 25 de septiembre, con su publicación en el DOF.
Sin embargo, la regularización, venta y escrituración de cada solar deberán realizarse mediante procesos posteriores. El decreto no establece una fecha específica para concluir la entrega de títulos de propiedad.
