Telcel y AT&T podrían ahorrar miles de millones con cambios en el costo del espectro radioeléctrico

El gobierno plantea modificar el esquema de derechos que pagan las empresas de telecomunicaciones por utilizar el espectro radioeléctrico, una medida que podría reducir de manera importante los costos anuales de operadores como Telcel y AT&T México.
El espectro radioeléctrico puede entenderse como una especie de autopista invisible por la que viajan las señales que permiten servicios como las llamadas telefónicas, los mensajes y las conexiones móviles a internet.
De acuerdo con Radamés Camargo, director de Análisis de The CIU, Telcel podría obtener un ahorro aproximado de 1,240 millones de pesos al año, mientras que AT&T México reduciría sus pagos en alrededor de 1,000 millones de pesos anuales.
El ajuste contempla bandas utilizadas para los servicios móviles, entre ellas 800/850 MHz, AWS, PCS, 2.5 GHz y 3.5 GHz.
Según Camargo, el cambio busca modificar una estructura de derechos que durante años ha sido señalada por la industria como un factor que puede limitar la inversión en infraestructura y expansión de redes.
Cobertura a cambio de parte del pago
Uno de los principales cambios consiste en establecer un mecanismo mediante el cual una parte del pago de derechos pueda sustituirse por obligaciones de cobertura en determinadas zonas geográficas, carreteras o caminos.
La GSMA, organización que representa al ecosistema móvil a nivel internacional, ha señalado que este tipo de esquemas puede funcionar como un incentivo para acelerar el despliegue de infraestructura y ampliar la cobertura de los servicios.
Sin embargo, especialistas consideran que la reducción propuesta todavía sería insuficiente para colocar a México en niveles similares a otros mercados.
De acuerdo con los análisis citados, el costo promedio del espectro en México se mantiene aproximadamente 27% por encima del referente internacional.
El cambio, por tanto, representa una modificación relevante en la manera en que se cobra el uso del espectro, aunque el impacto final dependerá de cómo se implementen las nuevas obligaciones de cobertura y de la respuesta de las empresas en materia de inversión.




