Exjuzgadores denuncian falta de indemnización tras reforma judicial; más de 700 mantienen litigios
Decenas de integrantes del Poder Judicial que perdieron sus cargos tras la implementación de la reforma judicial continúan enfrentando incertidumbre laboral y jurídica, según denunció la asociación encabezada por María Emilia Molina.
De acuerdo con la organización, varios juzgadores con trayectorias de entre 15 y 40 años de servicio quedaron sin empleo, sin prestaciones y sin recibir los pagos extraordinarios contemplados en la reforma constitucional.
Además, enfrentan restricciones para ejercer su profesión durante dos años dentro de la jurisdicción donde desempeñaban sus funciones, situación que ha complicado su reincorporación al ámbito laboral.
Molina señaló que alrededor de 700 juzgadores continúan promoviendo recursos legales contra diversos efectos derivados de la reforma, incluidos los ceses y las condiciones bajo las que fueron separados de sus cargos.
La representante afirmó que ya concluyeron los plazos otorgados al Estado mexicano para responder a algunos procedimientos iniciados ante instancias internacionales, sin que se haya presentado una contestación formal.
“Creo que es una evidencia del desprecio que tiene el Estado mexicano, no solo hacia los sistemas internacionales, sino al propio Estado de derecho, al nacional y al internacional”, expresó.
La reforma estableció un pago extraordinario para quienes optaran por retirarse o para aquellos que participaron en el proceso de selección y no resultaron electos. Sin embargo, los inconformes sostienen que dicho beneficio no se ha entregado.
Según las estimaciones presentadas por los denunciantes, al menos 90 exjuzgadores tendrían derecho a recibir una compensación equivalente a tres meses de salario integrado, además de 20 días de salario por cada año de servicio, conforme a lo establecido en los artículos transitorios de la reforma.
El conflicto continúa en distintas instancias legales, mientras los exfuncionarios buscan que se reconozcan los derechos laborales y económicos que consideran pendientes tras la reestructuración del sistema judicial mexicano.
