95% de desplazados no puede volver a casa por miedo al crimen organizado

El secuestro es la principal amenaza experimentada por la población desplazada interna en México, reveló el informe “ Desplazamiento interno y otras situaciones de violencia en contextos de criminalidad organizada en América Latina”, realizado por ProLAC, una iniciativa regional de gestión de información, creada por el Consejo Danés para Refugiados (DRC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), con el apoyo de la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea.

Las encuestas realizadas de julio a octubre de 2025 en Ciudad Juárez -México-, Guatemala, Honduras y Ecuador, revelaron que el 95 por ciento de las personas desplazadas internas no considera posible regresar a su lugar de origen, debido a que el 70 por ciento señala que salió debido a los grupos del crimen organizado, y en el caso de los mexicanos el 43 por ciento fue víctima de secuestro o rapto, el 26 por intimidación (amenazas de violencia o daño), el 16 por ciento robo y 13 por ciento engaño.
“El desplazamiento interno por violencia en contexto de criminalidad organizada agudiza los riesgos y necesidades de protección de la población en América Latina. Más de 2 mil 600 personas encuestadas en Ecuador, Guatemala, Honduras y México confirman una tendencia alarmante: en el 70 por ciento de los casos de desplazamiento, se identificó a grupos delictivos organizados como los responsables”, por lo que el 95 por ciento de las personas desplazadas no considera posible regresar a su lugar de origen por temor a represalias o amenazas directas.

El informe, en el que participó la organización juarense Derechos Humanos Integrales en Acción, exige una respuesta urgente e integral, incluyendo marcos jurídicos que protejan a las personas desplazadas internamente.
“El desplazamiento interno forzado en América Latina se ha convertido en una herida abierta que atraviesa fronteras, comunidades y generaciones. En países como Ecuador, Guatemala, Honduras y México, objeto de este estudio elaborado por la iniciativa ProLAC, miles de familias se ven obligadas a abandonar sus hogares no sólo por la violencia directa, sino también por la coerción y el miedo que impone la expansión de economías criminales, en ocasiones ante la impotencia o la complicidad de actores estatales y privados. Aun quienes no se desplazan conviven con una sensación constante de vulnerabilidad”, indicó.
La extorsión, conocida en cada región como “vacuna”, “la cuota”, “cobro de piso”, “impuesto de guerra” o “la renta”, representa uno de los principales riesgos de protección en los cuatro países analizados. Según los datos de la encuesta de hogares, el 25 por ciento de la población desplazada interna reportó haber sido víctima de extorsión por parte de los grupos de la delincuencia organizada (GDOs) durante el último año.
Y esta práctica suele estar acompañada de otras amenazas, entre las que se identifican la intimidación, amenazas de agresiones físicas, las amenazas de muerte y el secuestro de familiares, especialmente de hijas e hijos. En México y en Ecuador, los informantes clave destacaron la estrecha relación entre el secuestro y la extorsión, señalando que en muchos casos el secuestro se utiliza como una estrategia de coacción para garantizar el cumplimiento de los pagos exigidos por los grupos criminales.

La extorsión no solamente afecta la posibilidad de trabajar y mantener un negocio en funcionamiento, sino que también restringe la libre circulación y movimiento en determinadas zonas. En algunos casos, las personas que se desplazan a nuevas comunidades o barrios requieren el acompañamiento de residentes locales para evitar correr el riesgo de ser extorsionadas o perseguidas, lo que refleja el control territorial que ejercen los grupos delictivos.
En Guatemala y Honduras, las extorsiones identificadas son principalmente perpetradas por grupos delictivos como maras y pandillas, quienes ejercen el control de los barrios o colonias. En el caso de Guatemala, también se mencionaron supuestos “imitadores”, personas que se hacen pasar por miembros de estas estructuras delictivas para realizar cobros ilícitos.
En México, diversos informantes clave señalaron que la extorsión limita gravemente la posibilidad de que las familias emprendan negocios propios, afectando su capacidad para generar ingresos. Esta situación se ve agravada por la débil presencia del Estado, en territorios marcados por la precariedad económica, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población y su exposición frente a los grupos delictivos que controlan las actividades económicas locales, como narraron personas desplazadas internas en esta frontera.
Según las encuestas, el 23 por ciento de los hogares que experimentaron extorsión reportaron haber sufrido más de un desplazamiento interno. Además, el 63 por ciento de las personas desplazadas internas expresaron temor de volver a ser extorsionadas en su lugar actual, lo que evidencia un nivel de exposición elevado, pese a los esfuerzos realizados para encontrar mayor seguridad.

Del total de los hogares que reportaron haber sufrido alguna amenaza, el 38 por ciento dijo haber sufrido actos de intimidación, incluyendo amenazas de reclutamiento forzado, extorsión y secuestro.
“Se identificó un interés directo por parte de grupos delictivos en zonas específicas destinadas para el cultivo de marihuana y la instalación de laboratorios clandestinos destinados a la producción de drogas sintéticas. Estos grupos someten a las comunidades a diversas formas de intimidación, buscando su cooperación. Cuando esta no se logra, recurren a la destrucción de tierras y propiedades, obligando a las personas a abandonar sus territorios”, relató una persona encuestada en esta frontera.
En algunos casos, las víctimas son forzadas a firmar escrituras de propiedad, lo que permite a los perpetradores adquirir la titularidad sobre las tierras y bienes, agrega el informe.