No hay más dinero para liquidación de jueces

Chihuahua.- El Gobierno no cuenta con fondos ni fideicomiso para cubrir las pensiones de los exjueces y magistrados que salieron del Poder Judicial con la reforma, informó ayer el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez.
Detalló que sólo cuentan con el presupuesto aprobado para este año, y dijo desconocer el expediente del exjuez Luis Francisco de León Merino, ya que compete por completo al Órgano de Administración del Poder Judicial (PJ).
Ramírez reconoció estar enterado del amparo que promovió el exjuzgador, quien reclama no haber recibido la liquidación conforme a derecho, en particular el pago de 20 días por año trabajado.
Sin embargo, aclaró que la información que tiene proviene únicamente de lo publicado en los medios de comunicación, pues el Congreso no tiene acceso a esos expedientes.
“Los asuntos del Judicial son del Judicial”, dijo al señalar que en este caso corresponde al PJ atender lo relacionado con las pensiones compensatorias aprobadas tras la reforma.
El legislador descartó que hayan constituido un fideicomiso para cubrir las indemnizaciones, ya que los recursos provienen del presupuesto ordinario asignado al Poder Judicial.
Explicó que por ley, la partida que entregan cada año nunca puede disminuir y que al momento de aprobar la reforma trabajaron en conjunto con la Secretaría de Hacienda, Pensiones Civiles y representantes judiciales para definir el monto necesario.
Recordó que esa bolsa fue aprobada antes del proceso electoral de 2024, con el fin de dar certeza a los jueces y magistrados que quedaban en la incertidumbre respecto a sus derechos laborales, y mencionó que en ese momento calcularon que serían necesarios alrededor de 230 a 240 millones de pesos para cubrirlas, aunque admitió no tener la cifra precisa.
“Fue parte del presupuesto ya asignado, el judicial ya tenía ese dinero”, reiteró Ramírez, quien insistió en que el Congreso cumplió con la aprobación de los recursos dentro del paquete económico y que cualquier controversia corresponde resolverla directamente al Órgano de Administración del Poder Judicial




