Buscan modificar reparto del Impuesto Universitario para más instituciones
El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó formalmente una iniciativa de ley para tratar de modificar la distribución del Impuesto Universitario.
La propuesta plantea que los recursos recaudados, que se proyectan en cerca de 800 millones de pesos para este 2026, dejen de concentrarse exclusivamente en las dos universidades autónomas del estado y se repartan de manera proporcional entre todas las instituciones públicas de nivel superior.
Durante su exposición, el legislador destacó que, bajo el esquema actual, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) acaparan la totalidad de este fondo, el cual es alimentado por las aportaciones de toda la ciudadanía chihuahuense. Estrada Sotelo reconoció la trayectoria y el aporte de ambas instituciones en la formación de profesionistas; sin embargo, subrayó que es imperativo hacer justicia a los institutos tecnológicos y a las universidades tecnológicas, que actualmente albergan a miles de estudiantes y desempeñan un papel crucial en el desarrollo profesional del estado sin recibir estos beneficios tributarios.
El argumento central de la propuesta radica en la equidad basada en la matrícula.
Según los datos presentados por el diputado, de mantenerse la legislación vigente, los casi 800 millones de pesos se dividirían prácticamente a la mitad entre la UACH y la UACJ.
En contraste, el nuevo modelo propone que el recurso siga al alumno: a la UACJ, con una matrícula de 37,000 estudiantes, le corresponderían 222 millones de pesos; a la UACH, con 30,000 alumnos, 274 millones; mientras que las Universidades Tecnológicas recibirían 114 millones y los Institutos Tecnológicos del estado obtendrían una bolsa de 183 millones de pesos.
Estrada Sotelo enfatizó que no existe una confrontación con el método de enseñanza, sino una búsqueda de equidad social, señalando que los tecnológicos han formado a miles de ciudadanos que también contribuyen al impuesto y, por ende, sus instituciones merecen una parte proporcional del fondo. Con la iniciativa ya en manos del Congreso, se espera que el debate se centre en la viabilidad operativa de este cambio presupuestal que promete impactar la infraestructura y calidad educativa de más de 40,000 estudiantes que hoy quedan fuera del reparto directo de este impuesto estatal.
